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CIDH dice que Venezuela "atenta" contra la democracia y los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que Venezuela  "atenta" contra la democracia y los derechos humanos, pues existen "serias restricciones" al pleno goce de esas garantías en el país.

En su informe sobre la situación de los humanos en Venezuela, publicado este miércoles, la CIDH afirma que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad "limitan seriamente la vigencia" de los derechos en ese país.

"En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación", recalca la Comisión en su esperado documento, que tiene 322 páginas.

En "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el primer informe que la CIDH dedica íntegramente a este país desde 2003, el organismo dice además que el Gobierno de Hugo Chávez ha adoptado una actitud de "rechazo" hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales con el argumento de van contra la soberanía nacional.

La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, considera que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para proteger mejor y de manera más efectiva los derechos humanos.

El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión afirma que en Venezuela no existe una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, no se garantiza a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en razón de su opinión política.

También indica que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor y hay un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta particularmente a los comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, manifestantes, presos, campesinos, pueblos indígenas y a las mujeres.

La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del Gobierno venezolano.

La Comisión subraya que en general los ciudadanos y organizaciones que expresan su disenso son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral e incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad.

La CIDH observa con "preocupación" que en los últimos años se hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico que tienden a cerrar y no a promover el debate público.

Denuncia los "numerosos actos de violencia e intimidación" de grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, las descalificaciones vertidas por funcionarios de alto rango, y la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales vagas que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y sanciones desproporcionadas.

La CIDH considera "alarmante" el número de veces que se han denunciado o comprobado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes estatales.

La represalia contra el disenso, los ataques contra los defensores y los periodistas, la represión de la protesta pacífica, los abusos de la fuerza estatal, el crimen común y organizado, la violencia ejercida en las cárceles y contra la mujer, y otras graves violaciones de derechos humanos suelen quedar impunes, asegura.

La CIDH considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial "constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana" y ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes, agrega.

En una entrevista concedida a CNN  Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la CIDH, expresó durante una entrevista con CNN que hay varios indicadores preocupantes sobre Venezuela y que la impunidad es la causa de la persecución a periodistas y organizaciones.
Destacó que en Venezuela hay problemas de libertad de expresión y para la actuación de los defensores de derechos humanos, aunque es uno de los países con mejor índice en la realización de los objetivos del milenio,.
Pinheiro dijo que en el país hay problemas en materia de derechos políticos y civiles.

 

 

 

Alcaldia Metropilitana de Caracas

"Falta de justicia autónoma es la principal debilidad de Venezuela"


CIDH exigió al Estado proteger todos los derechos humanos y no algunos

La CIDH dijo estar "sumamente preocupada" ante la posibilidad de que las milicias asuman tareas de control del orden público (Eduardo Fuentes/archivo)
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La violencia y la inseguridad, el clima de intolerancia hacia las opiniones divergentes y los obstáculos que impiden a los opositores participar en igualdad de condiciones en las elecciones, preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual considera que estas situaciones "contribuyen al debilitamiento del Estado de derecho".

Sin embargo, el organismo hemisférico advierte que la falta de un Poder Judicial independiente es el verdadero talón de Aquiles de la democracia nacional, pues esta carencia "conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos" en el país.

"Es esa falta de independencia (de la justicia) la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos", denunció la CIDH en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, difundido ayer en Washington (Estados Unidos).

En el documento, de 322 páginas, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró su preocupación por el hecho de que solamente 936 jueces, de los 1.896 que hay en el país, sean titulares; y que 100% de los fiscales también sean provisionales; es decir, "no gozan de estabilidad en su cargo y pueden ser fácilmente removidos cuando adoptan decisiones que podrían afectar los intereses del Gobierno".

En el informe se menciona el caso de la ex jueza 1° de Juicio de Táchira, Fanny Becerra Casanova, que conocía el proceso contra el periodista Gustavo Azócar y quien una semana antes de dictar sentencia fue removida por el Tribunal Supremo. Acto seguido el proceso fue anulado y se reinició.

Preocupación justificada

La delincuencia es uno de los asuntos que más alarma a la CIDH, según ella dejó plasmado en su reporte, en el cual saludó los recientes esfuerzos por ponerle coto (creación de la Policía Nacional), pero señaló que "en muchos casos la respuesta del Estado frente a la inseguridad ha sido insuficiente y en ocasiones incluso incompatible con el respeto a los derechos humanos". Esto último, en clara alusión a los más de 6.000 ajusticiamientos registrados en el país desde el 2000.

La instancia condenó los procesos abiertos a más de 2.200 ciudadanos por participar en manifestaciones y desestimó los argumentos del Gobierno de que las acciones de calle buscan derrocarlo.

El organismo también pidió a las autoridades poner fin la "preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso con políticas oficiales".

Para sustentar este último señalamiento, la CIDH se hizo eco de los 71 ataques que defensores de los derechos humanos han recibido en la última década y registró las amenazas que grupos irregulares como la Piedrita han lanzado contra medios de comunicación como Globovisión.

Pese a que el Gobierno sostiene que en el país hay plena libertad de expresión, la instancia constató la existencia de "casos de censura previa" y puso como ejemplo de ello la prohibición a la campaña que las organizaciones Cedice y Asoesfuerzo lanzaron contra la Ley de Propiedad Social en el año 2009.

Por considerar que sus efectos sobre el libre flujo de información en la sociedad son "graves", la Comisión criticó la decisión que sacó del aire a 32 emisoras de radio y las amenazas que se ciernen sobre 200 más, así como que sigan vigentes los delitos de difamación e injuria.

Reconocen avances

En su documento, la CIDH no solo realizó advertencias y cuestionamientos, sino que también reconoció los logros del Gobierno en materia de lucha contra el analfabetismo, distribución de tierras, instalación de una red primaria de salud y combate a la pobreza.

No obstante, el organismo demandó de las autoridades que así como han puesto empeño en garantizar derechos como la educación o la salud, pues que hagan lo propio con otros como el de la vida o la libertad de expresión.

"En aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble", recordó.

El informe, el segundo que el organismo dedica a Venezuela en los últimos 10 años, fue elaborado a partir de la información recabada por la CIDH en sus audiencias y de los datos que le enviaron las autoridades venezolanas, las cuales respondieron un cuestionario que les envió la instancia.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

Llama a Santiago Cantón excremento puro y dice que la OEA tiene que desaparecer.


El presidente Hugo Chávez dijo la tarde de este jueves que Santiago Cantón es “excremento puro”, de esta manera criticó duramente al secretario de la CIDH. Chávez ha dicho que será necesario hablar con José Miguel Insulza, pero indicó que “la OEA algún día tiene que desaparecer”.
De igual modo, el Primer Mandatario, denunció que para mucha gente en los EE.UU Chávez es un tirano, un dictador y “es al revés la cosa. La verdad es otra, el informe de la CIDH es pura basura, es una nefasta Comisión de los Derechos Humanos, es una verdadera mafia y eso es parte de la OEA, por eso un día esa organización debe desaparecer”.
Chávez anunció que Venezuela saldrá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que ese organismo denunció la intolerancia política, hostilidad frente a la oposición y la violencia contra sindicalistas, mujeres y campesinos en ese país.
Dijo en conferencia de prensa que vamos a “prepararnos para denunciar el acuerdo a través del cual Venezuela se adscribió, o como se llame a esa nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y salirnos de ahí pues. ¿Pa’ qué? No vale la pena, es una mafia lo que hay ahí”.
A juicio de Chávez, “no vale la pena ni responderles” pues considera de plano que las observaciones hechas por la CIDH carecen de argumentos.
Chávez desestimó este jueves el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, a la que acusó de “inefable”, y consideró que el documento era “ominoso”.
“Hemos visto el informe de la inefable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una colcha de retazos”, dijo Chávez durante una rueda de prensa en Caracas.
“Es ominoso esto. Es la misma comisión que apoyó a Carmona aquí”, agregó el mandatario, en referencia a Pedro Carmona Estanga, quien lideró un gobierno de facto que se instaló en Venezuela durante el fallido golpe de Estado que sacó durante dos días del poder a Chávez en abril de 2002.
La CIDH divulgó el miércoles un informe de casi 300 páginas en las que afirmó que el Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes, a la vez que alertó sobre “serias restricciones” a los derechos humanos.
En el texto, la CIDH observa un “debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela” que “ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos” en el país.
Es parte de la agresión permanente, la amenaza permanente de tratar de aislar a Venezuela“, señaló Chávez.
La Comisión destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, ya que el gobierno de Hugo Chávez se niega a autorizarla desde 2002.

Con información de Agencias

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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