HRW denuncia "precaria" situación de los derechos humanos en Venezuela

La "dominación que ejerce el gobierno venezolano" sobre el sistema judicial y el "debilitamiento de los valores democráticos" están dejando los derechos humanos en una "situación precaria" en el país, afirmó el lunes en su informe anual, la ONG Human Rights Watch (HRW).
"Sin control judicial sobre sus acciones, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha minado sistemáticamente la libertad de expresión y prensa, la libertad de los trabajadores a asociarse y la capacidad de los grupos defensores de los derechos humanos" de realizar su trabajo, reza el informe de esta organización no gubernamental divulgado en Bruselas.
"La dominación del gobierno venezolano sobre la justicia y el debilitamiento de los valores democráticos ha contribuido a una situación precaria de los derechos humanos", agrega el texto, que recoge casos de abuso policial y persecusión a políticos opositores, entre otros.
Para demostrar la falta de independencia en el sistema judicial, HRW cita el caso de la jueza María Afiuni, detenida en diciembre de 2009 y para quien Chávez pidió, en un acto público, "la pena máxima".
Según HRW, Afiuni fue recluida "en condiciones deplorables" en una cárcel de Caracas, tras ser acusada de corrupción por dejar en libertad provisional al banquero Eligio Cedeño, que estaba inculpado por fraude y que luego se fugó del país.
Sobre la libertad de prensa, la ONG asegura que el gobierno venezolano "ha intensificado la capacidad del Estado de limitar la libertad de discurso y creado poderosos incentivos para que los críticos al gobierno se autocensuren".
En este sentido, HRW destaca la salida definitiva del aire en 2010 de la televisora RCTV, muy crítica con Chávez. La concesión de este medio de comunicación para transmitir en abierto fue revocada en 2007 y el año pasado fue excluída de la programación por las empresas de televisión por cable tras incumplir una normativa gubernamental.
Además, también recuerda que el presidente ha obligado a radios y televisoras a transmitir "más de 2.000 discursos suyos" desde 1999, cuando llegó al poder.
Por último, la ONG critica la campaña del gobierno para "desacreditar a las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales".

Enero de 2011      Resumen de país

Venezuela

El control ejercido por el gobierno venezolano sobre el poder judicial y el consiguientedebilitamiento del sistema de frenos y contrapesos democráticos han contribuido a generar una situación de derechos humanos precaria. Sin un control judicial de sus acciones, elgobierno del Presidente Hugo Chávez ha socovado sistemáticamente la libertad deexpresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de lasorganizaciones y defensores de derechos humanos de promover derechos básicos. Tambiénha perseguido a opositores políticos. Los abusos policiales y la impunidad representan un grave problema. Las condicionescarcelarias son deplorables y se producen numerosas muertes debido a la violencia entrereclusos. 
Independencia del poder judicial

En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron unaestrategia de copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó designar apartidarios del gobierno en el Tribunal y adoptar nuevas medidas que permitieron depurarlo.Desde entonces, el Tribunal Supremo prácticamente ha abdicado su rol de contralor delpoder ejecutivo y ha dejado de proteger derechos fundamentales consagrados en laConstitución venezolana en varios casos clave vinculados con medidas del gobiernodestinadas a limitar la libertad de expresión y de asociación.
  
El gobierno muestra escaso respeto por los controles democráticos. Los jueces cuyospronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias. Endiciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el mismo día en que concedióla libertad condicional a Eligio Cedeño, un empresario del sector bancario acusado decorrupción. Afiuni estaba cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONUsobre la Detención Arbitraria, ya que Cedeño había permanecido en prisión preventiva durantecasi tres años, pese a que el período máximo establecido por la ley venezolana es de dosaños. El día siguiente a la detención, Chávez calificó a Afiuni como “bandida” y afirmó quedebía recibir la pena máxima, de 30 años de prisión. Afiuni fue acusada de corrupción, abusode autoridad y de “favorecimiento para la evasión”, y durante el juicio penal en su contra se vulneraron varios aspectos de su derecho al debido proceso. Tres expertos en derechoshumanos de las Naciones Unidas emitieron un comunicado de prensa conjunto en el cualdescribían su detención como "un golpe a la independencia de magistrados y abogados en elpaís", y exigieron su liberación. Pese a esto, el Tribunal Supremo rechazó las apelacionesinterpuestas por Afiuni en defensa de sus derechos. En octubre de 2010, permanecía detenidaen una cárcel de mujeres de Caracas en condiciones deplorables.

Libertad de expresión
En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobiernoy aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo al presidente.No obstante, el gobierno ha discriminado a medios que difunden la opinión de opositorespolíticos y ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y creadopoderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren. Entre las leyes quehan contribuido al clima de autocensura, pueden mencionarse las reformas al Código Penalque amplían el alcance de las leyes de “desacato” que penalizan las expresiones que seconsideran ofensivas para funcionarios de alto rango pese a que las normas internacionalesexigen su abolición, y una ley de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria decanales sobre la base del delito de “incitación”, definido de una manera sumamente vaga.
  
En junio de 2010, el periodista Francisco Pérez fue condenado a tres años y nueve meses deprisión, inhabilitación profesional y al pago de una multa de casi US$ 20.000 por el delitode difamación contra el alcalde de Valencia. Pérez había publicado dos artículos en elperiódico
El Carabobeño 
, en los cuales acusó al alcalde de nepotismo y corrupción.
  
El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisiónpara castigar a las estaciones que emiten una programación manifiestamente crítica, y haobligado a los medios privados a transmitir los discursos del presidente y otrosfuncionarios. Desde que asumió el poder en febrero de 1999, Chávez ha obligado a loscanales de radio y televisión que trasmiten a través de señales de aire públicas a difundir endirecto más de 2.000 discursos.
  
En enero de 2010, CONATEL, la entidad gubernamental que regula las telecomunicaciones,ordenó a los proveedores de televisión por cable del país que interrumpieran la señal deaquellos canales que no cumplían con la ley de radio y televisión incluido el requisito detransmitir los discursos presidenciales hasta que solicitaran y se les reconociera lacondición de canales “internacionales” (a los cuales la ley no se aplica). La suspensiónafectó a siete canales, entre ellos RCTV International, el canal de cable creado luego de que
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la señal de RCTV un medio opositor a Chávez fuera retirada del aire en 2007. CONATELrechazó la solicitud de RCTV International para ser considerada productora nacionalaudiovisual. Al momento de la redacción del presente documento, el canal sólo seencontraba disponible en Internet y no podía transmitir en Venezuela. En junio de 2010, Chávez creó por decreto el Centro de Estudio Situacional de la Nación(CESNA), con amplias facultades para restringir la difusión pública de cualquier “información, hecho o circunstancia” que considere que deba tener carácter confidencial. Ellenguaje del decreto es tan amplio que podría permitir que el gobierno, en formaabsolutamente discrecional, impidiera la difusión de información por parte deorganizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. 
Defensores de derechos humanos
El gobierno de Chávez ha intentado activamente desacreditar a organizaciones de derechoshumanos locales e internacionales. Diversos funcionarios, el presidente entre ellos, hanformulado reiteradamente acusaciones infundadas que vinculan a defensores de derechoshumanos con intentos por desestabilizar el país.
  
Los defensores de derechos humanos han sido objeto de persecuciones deliberadas. Enjulio de 2010, el Presidente Chávez señaló que los fiscales debían “investigar a fondo” los“millones y millones de dólares” que el Departamento de Estado de los Estados Unidosdestina a ONG venezolanas. Estas declaraciones se formularon un día después de que unaorganización que apoya al gobierno presentara una denuncia formal ante los fiscales paraque se investigue el financiamiento recibido por dos de las principales organizaciones dederechos humanos en Venezuela. El poder judicial no ha ofrecido protección judicialefectiva en estos casos. Ese mismo mes, el Tribunal Supremo resolvió que “la obtención derecursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de estadosextranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República [y] los intereses delPueblo… [podría configurar] traición”. Es común que defensores de derechos humanos sean estigmatizados en los medios decomunicación controlados por el gobierno, y que sean objeto de persecución e intimidaciónpor parte de personas no identificadas alineadas con el gobierno. Carlos Correa, director deEspacio Público, fue el centro de una intensa campaña de propaganda durante 2010, queincluyó una secuencia de dibujos animados transmitida por la televisión estatal (VTV) dondese mostraba a Correa saliendo de la embajada estadounidense en una limusina y con unmaletín repleto de dólares.

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s carcelarias

Informe anual de HRW - Capítulo "Venezuela"