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Siete médicos cubanos demandan a Cuba y Venezuela por "esclavitud moderna"

Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en la nación andina violando las leyes de este país. Dijeron que fueron sometidos por funcionarios de seguridad de Cuba y Venezuela a una estricta vigilancia y control de sus movimientos, de sus relaciones, además de ser intimidados y coaccionados
22 de febrero 2010 | 10:57 am - EFE

Varios médicos cubanos de la misión Barrio Adentro han desertado |

Raúl Romero

Siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a Cuba, Venezuela y a la empresa estatal de este último país PDVSA por presunta conspiración para obligarles a trabajar en condiciones de "esclavos modernos", como pago por la deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo.

Los demandados, "intencional y arbitrariamente", colocaron a los profesionales de la salud en "condición de servidumbre por deuda" y éstos se convirtieron en "esclavos económicos" y promotores políticos, según el documento de la demanda presentada en EE UU, al que Efe tuvo acceso.

La demanda fue interpuesta el pasado viernes ante un tribunal federal de Miami (EE UU) por los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux.

Con la acción legal, que fue asignada a la juez Patricia A. Seitz, los demandantes buscan una indemnización que sobrepasa los 50 millones de dólares, dijo Pablo de Cuba, uno de los abogados defensores.

"Queremos sentar el precedente de la responsabilidad patrimonial de los estados sobre sus ciudadanos. Esto es una conspiración predeterminada y dolosa de estos gobiernos y de la empresa para someter a trabajo forzoso y servidumbre por deuda a estos médicos", informó a Efe el letrado.

En la demanda, el abogado Leonardo Arístides Cantón, que lidera la defensa, argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo "engaño" y "amenazas" y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la misión "Barrio Adentro", en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la "beligerante" frontera con Colombia.

"Barrio Adentro" es un programa del gobierno de Venezuela que utiliza médicos cubanos y venezolanos para ofrecer servicios de salud en las zonas pobres del país.

La presencia de los profesionales de salud en la nación suramericana es posible mediante el convenio integral de cooperación firmado entre Cuba y Venezuela en el 2000 y modificado y ampliado en el 2004.

El acuerdo establece que La Habana enviará a Venezuela profesionales del sector de salud a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo suministrados a través de PDVSA.

Algunos de esos profesionales fueron asesinados, heridos y varias doctoras violadas, de acuerdo con la demanda.

Cantón dijo que ambas naciones han colocado a personas inocentes y libres bajo condiciones de trabajo forzado, cautiverio y servidumbre por deuda, una "versión moderna de la esclavitud".

Los dos países, según el abogado, se han unido en una conspiración sin precedentes en la historia contemporánea, con la única excepción de la esclavitud de la Alemania nazi, en el uso de trabajo forzado.

Subrayó también que "el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial".

El gobierno venezolano persigue, intima, captura y hace regresar a Cuba a médicos y otros profesionales de la salud que se niegan a realizar trabajos forzados o que intenten obtener su libertad para salir del país suramericano, según el documento judicial.

Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en la nación andina violando las leyes de ese país.

Los médicos y el enfermero fueron sometidos por funcionarios de seguridad de Cuba y Venezuela a una estricta vigilancia y control de sus movimientos, de sus relaciones, además de ser intimidados y coaccionados, de acuerdo con la demanda.

Los demandantes lograron escapar y llegar a Estados Unidos, país que les otorgó visas.

Esta sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna" que se interpone en un tribunal de Miami.

En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao Drydock Company debía indemnizar con 80 millones de dólares a tres cubanos que alegaron que fueron enviados por Cuba a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao bajo condiciones "inhumanas y degradantes" para pagar deudas.

Los abogados dijeron en esa ocasión que el fallo representaba la "primera vez que un tribunal de EE.UU. responsabilizó a una compañía que negocia con Cuba por trabajos forzados y abusos a los derechos humanos incurridos en forma concertada con el régimen cubano".

Médicos cubanos aseguran que vivían bajo vigilancia constante

"Yo sólo quiero que se sepa la verdad. Que tienen a la gente amenazada, controlada, vigilada. Sólo podíamos establecer contactos con chavistas. Sabíamos su tendencia por cómo se expresaban. Recibíamos pacientes y entonces sabíamos con quién podíamos hablar y con quién no. Estábamos sometidos a una vigilancia constante y casi absoluta", señaló una de las especialistas
23 de febrero 2010 | 06:24 am - Laura Weffer Cifuentes

Médicos cubanos en módulo de Barrio Adentro |

Jorge Silva

Frank Vargas es uno de los ocho profesionales de la salud (siete médicos y una enfermera) que presentó una demanda el viernes pasado en una corte federal del distrito sur de la Florida, en Estados Unidos, contra Pdvsa y los estados venezolano y cubano por trabajos forzosos y servidumbre por deuda. En otras palabras, esclavitud moderna.
El médico estuvo tres meses en un módulo de Barrio Adentro en el estado Zulia y hoy espera que producto del juicio pueda ganar una indemnización de al menos 50 millones de dólares.
"A mí me trasladaron de un CDI (Centro de Diagnóstico Integral) a un módulo de Barrio Adentro en el estado Zulia porque me interesé sentimentalmente por una venezolana y el jefe de la misión, Miguel Robaina, no estuvo de acuerdo. Me decía: ‘Aléjate de esa facha'. Temían que me casara con ella y me quedara a vivir en el país, como ha sido el caso de varios colegas", señaló el médico cubano, quien hasta el día de hoy no volvió a tener contacto con la joven.
"Cuando llegué al nuevo puesto, en abril de 2008, Robaina me dijo que no se me ocurriera lanzarme al lago. El módulo, Santa Rosa de Lima, estaba ubicado en el municipio Francisco Javier Plaza, al sur del Lago de Maracaibo. Allí vivía y trabajaba. Recibía pacientes 24 horas al día; las condiciones de trabajo eran pésimas. Nos tocaba agenciarnos la comida. Frente al módulo quedaba una escuela y de allí me mandaban el alimento diariamente, por caridad". Vargas explicó que les pagaban 715 bolívares fuertes mensualmente.
María del Carmen Milanés es otra de las demandantes. Ella estuvo en Valencia, estado Carabobo, viviendo en una casa de familia, desde enero de 2004 hasta marzo de 2008. "Cuando llegué, nos pagaban 400.000 bolívares mensuales; luego en diciembre de 2007 nos aumentaron a 715", afirmó.
Explican que se regían por un reglamento disciplinario que fijaba los límites de su conducta en todo momento. "Sólo podíamos establecer contactos con chavistas. Sabíamos su tendencia por cómo se expresaban. Recibíamos pacientes y entonces sabíamos con quién podíamos hablar y con quién no. Estábamos sometidos a una vigilancia constante y casi absoluta", señaló la especialista.
"A veces, debíamos de reportar que recibíamos 25 pacientes, cuando en realidad habíamos atendido a 5", señaló Vargas. "Yo sólo quiero que se sepa la verdad. Que tienen a la gente amenazada, controlada, vigilada. Una vez una enfermera me invitó a su casa. El secretario del partido me dijo que sólo podía ir acompañado. Por cierto, no se podía hablar del partido, sino del juego de pelota. Pues bien, nos fuimos los dos y al rato él quería retirarse y llevarme con él. Discutió con mi amiga. Ella le pedía que me dejara, que luego ellas me acompañaban; pero al final, tuve que acceder y abandonar la reunión.
La misma vigilancia que hay en Cuba la hay en Venezuela, porque ese es el régimen que pretenden implantar en su país", indicó el médico, que logró escapar a Estados Unidos vía Puerto Santander, en Colombia. "Ese es terreno de paramilitares y yo estaba muy asustado. De allí fui a Bogotá y al llegar a la capital, inmediatamente fui a la embajada de Estados Unidos. Finalmente llegué a Miami, el 13 de agosto de 2009", contó Vargas.
Laberinto legal. "Decidimos llevar adelante la demanda, luego de haber escuchado el testimonio de los demandantes. Trabajaban 24 horas al día, todos los días de la semana sin parar; les pagan una miseria y los perseguían y maltrataban", señaló por vía telefónica el abogado del caso, Leonardo Arístides Cantón. "Queremos que se haga justicia y plantear lo que realmente ocurre con el socialismo del siglo XXI", indicó.
La demanda fue interpuesta, además de por Vargas y Milanés, por los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, John Doe, Julio César Dieguez y el enfermero Osmani Rebeaux.
"Este tipo de esclavitud es tan vieja como la de los servidores de la gleba. Los trabajadores reciben su paga y tienen que abonar a la deuda; no están libres, hasta que terminen de cancelarla", afirmó Pablo de Cuba, consultor general del caso.
Explicó que aunque la demanda es individual, la presentaron todos al mismo tiempo para simplificar el papeleo. "Esto no es una causa política. Lo que pretendemos es adelantar un proceso reivindicativo de los seres humanos, porque los médicos hacen un apostolado".
El procedimiento legal que se abrió con este caso establece que se envíen los documentos de la demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores del país demandado. El Estado venezolano y la estatal petrolera tienen 60 días para responder esta acción. Si no lo hacen, el tribunal estadounidense podría declararlos en rebeldía.
"Si esto ocurre, sabemos que el Estado venezolano hace negocios con Estados Unidos; buscaremos la manera de obtener el dinero por esa vía", afirmó Cantón, quien confiado ante el proceso que se abre dijo que le gustaría ver en el futuro "¿quién es el que en el siglo XXI va a defender la esclavitud?".
En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao Drydock Company debía indemnizar con 80 millones de dólares a tres cubanos que alegaron que fueron enviados a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas bajo condiciones infrahumanas. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido nada aún.

Precariedad
El presidente de la Sociedad Bolivariana de Medicina General Integral, Adolfo Delgado, señaló que comparte la idea de que las condiciones de trabajo de los médicos cubanos son precarias, aunque le parece exagerado decir que se trata de esclavitud moderna. "A ellos les dan órdenes, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuántos hay en el país. Nuestras relaciones con ellos son muy limitadas, sólo se limitan a la integración en el trabajo", aseveró el especialista venezolano, quien también afirmó que en varias ocasiones han tratado de establecer contacto con ellos, pero sin éxito.
Por su parte, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, recordó que ya ellos han denunciado el abuso del que son objeto los médicos venezolanos. "No creo que llamarlo esclavitud sea una exageración, si hacemos el símil con lo que le sucede al médico nacional". Indicó que la demanda en Estados Unidos serviría para documentar una de las exigencias que el gremio hace sobre los profesionales del país. Se hicieron intentos de buscar reacciones de la embajada de Cuba en Venezuela y del Ministerio de Salud, pero no hubo respuestas.