Nuevo capítulo del caso Cubillas:
Juez español pide que se le retire nacionalidad venezolana
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco solicitó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que inicie los trámites para la extradición del etarra deportado Arturo Cubillas, residente en Venezuela.
Velasco sugiere al Ejecutivo que antes reclame al Gobierno de Caracas que le retire la nacionalidad venezolana.
En un auto difundido este miércoles, el juez Eloy Velasco “sugiere al gobierno que solicite a Venezuela la retirada de la nacionalidad venezolana a Cubillas antes de enviar la solicitud formal de extradición”, dijeron las fuentes a la AFP.
El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, alega que “la propia Constitución venezolana y el tratado de extradición (entre España y Venezuela) contemplan esa posibilidad ante un posible fraude de ley”, según el auto.
El juez tomó esta decisión después de que la Fiscalía le solicitara el pasado lunes que tramite ante el Gobierno la demanda de extradición de Cubillas, residente en Venezuela, donde trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que dependiente del Gobierno de Hugo Chávez.
Con información de EFE y AFP
Fiscalía española solicita que se pida a Venezuela la extradición de Cubillas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió hoy al juez de ese tribunal Eloy Velasco que tramite ante el Gobierno español la demanda de extradición del etarra deportado Arturo Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja para el Ejecutivo de Hugo Chávez.
La Fiscalía asegura que poseer la nacionalidad venezolana no es obstáculo para su entrega a España
En un escrito entregado hoy al juez, la Fiscalía asegura que poseer la nacionalidad venezolana no es obstáculo para su entrega a España.
También recuerda que si Venezuela rechaza su entrega por razón de su nacionalidad debería proceder judicialmente contra él en su territorio.
El Ministerio Público español contradice así a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que el pasado jueves aseguró que el artículo 69 de la Constitución de su país “prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española decidió pedir la entrega del etarra deportado después de recibir un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se hace constar que éste es ciudadano de Venezuela, que reside en ese país y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que depende del Gobierno de Hugo Chávez.
El Ministerio de Exteriores añade que Cubillas “se ha personado recientemente antes las autoridades judiciales de Venezuela” -en referencia a la visita que hizo el pasado día 11 a la Fiscalía de ese país para pedir que se investigaran las acusaciones de la Justicia española contra él-, “sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional”.
La Fiscalía recuerda que la citada orden, cursada por la Audiencia Nacional española, pesa sobre Cubillas desde finales del pasado mes de febrero, cuando el juez Eloy Velasco dictó un auto en el que le procesaba por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas.
El juez acordaba además su prisión provisional y su busca y captura.
En ese auto judicial, se señalaba a Cubillas como “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”.
También añadía que se encargó de que ese grupo terrorista adiestrara en el manejo de explosivos a miembros de ETA a cambio de que la banda terrorista localizara en España objetivos para la guerrilla colombiana.
Si Venezuela rechaza su entrega por razón de su nacionalidad debería proceder judicialmente contra él en su territorio
Los presuntos etarras Xavier Atristain y Juan Carlos Besance, detenidos el pasado 29 de septiembre, declararon ante la Guardia Civil española que en el verano de 2008 participaron en un curso de formación impartido por Cubillas en Venezuela.
Según el Ministerio Público español, los delitos de los que se acusa a Cubillas “son susceptibles de extradición” conforme al tratado bilateral hispano-venezolano, “sin que puedan ser considerados como delitos políticos (…), pues los actos de terrorismo están excluidos expresamente de esa calificación jurídica”.
La Fiscalía también sostiene que la nacionalidad venezolana de Cubillas “no es un obstáculo para la concesión de la extradición”, ya que el citado tratado establece que “el rechazo de la extradición por tal motivo es potestativo y no preceptivo”.
El artículo 8.1 del tratado bilateral dice que “cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley (…) y siempre que (la nacionalidad) no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquella”.
El fiscal que firma el escrito, Vicente González Mota, agrega que, aun si rechaza entregar a Cubillas por razón de su nacionalidad, el estado de Venezuela “está obligado a cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales” en aplicación del artículo 8.2 del tratado.
Vía EFE
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Isaías Rodríguez habría conocido caso Cubillas años atrás
El documento enviado por el ex fiscal 56 nacional del Ministerio Público, Hernando Contreras a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, revela que el actual embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, podría haber conocido el caso del presunto etarra Arturo Cubillas años atrás.
Entre los años 1999 y 2001, un ciudadano de origen español fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con cinco mil dólares en efectivo y un pasaporte falso. Las autoridades españolas habrían identificado a ésta persona como un presunto miembro de ETA, según el ex fiscal Contreras.
El texto revela, que para entonces el Fiscal General ordenó “relevar” la investigación que llevaba la Directora de Salvaguarda a una fiscalía de “mayor confianza”, por presuntamente considerar que el presunto etarra era “un hombre que pertenecía a un grupo armado que estaba luchando desde hacía muchos años por causas justas e irreprochables”.
Contreras, en la misiva revela: “efectivamente en el año 2001, el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, le ordenó a la Directora de Salvaguarda de esa institución que se RELEVARA a la Fiscalía Septuagésima Novena del Área Metropolitana de Caracas (… ) de seguir conociendo de una investigación penal en contra de un ciudadano de nacionalidad española que según información obtenida por el CICPC, delegación Vargas, formaba parte del grupo terrorista ETA, el cual fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía portando pasaporte español falso, así como la cantidad de 5.000 dólares en efectivo”.
Isaías Rodríguez, según referido documento, habría ordenado que la investigación a este presunto etarra fuese llevada por “un solo fiscal” alegando “ que eso le concernía directamente al Gobierno”, sugiriendo en aquel entonces “ a la hoy Fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia, Mercedes Prieto, quien formaba parte del grupo de fiscales más cercanos al ex Fiscal General”.
El ex fiscal Hernando Contreras, quien se encuentra fuera del país, solicitó a la Fiscal General “actúe con ética, profesionalismo y honestidad y no ordene otro tipo de persecución o represalia en mí contra u otro miembro de mi familia tal y como usted lo hizo en el año 2008, luego que señalara en la denuncia que interpuse contra el mismo ex Fiscal General Julián Isaías Rodríguez, sindicado de haber manipulado la investigación penal en el caso del homicidio del Fiscal Danilo Anderson”. Carta de Hernando Contreras
Gobierno español pide a Venezuela extradición de Arturo Cubillas
El Gobierno español pidió hoy a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas, deportado a ese país en 1989, reclamado por la Justicia española como presunto responsable de distintos delitos de terrorismo y a quien investiga por un supuesto nexo entre ETA y la guerrilla colombiana.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó de que Cubillas es reclamado por distintos delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco y en la que investiga las relaciones entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el organismo oficial Instituto Nacional de Tierras (INTI), es reclamado por el juez, concretamente, por delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.
El magistrado pidió al Gobierno que iniciara los trámites para la extradición de Cubillas el pasado día 20, aunque sugirió que antes se reclamase al Gobierno venezolano que le retirara la nacionalidad al entender que la Embajada venezolana en España y la fiscal general de este país expresaron la “voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder” a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos.
La revocación de la nacionalidad, que, según el magistrado, Cubillas adquirió “en fraude de ley”, está contemplada tanto en la Constitución de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado con España en 1989, según el cual “los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado”.
Hoy, el Gobierno ha accedido a la primera de las cuestiones con base en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según el Tratado de Extradición, pero fuentes consultadas por Efe no han aclarado si se ha hecho alguna gestión con respecto a la sugerencia que Velasco le hizo en su auto, el cual ha acompañado el Ejecutivo en su solicitud de extradición.
El convenio bilateral fija que “cuando la solicitud de extradición se refiera a varios hechos” que no estén penados con menos de dos años o contemplados en una sentencia que establezca una pena de la que resten menos de seis meses por cumplir, “la parte requerida podrá conceder también la extradición por estos hechos”.
Asimismo, establece que “también darán lugar a extradición” los delitos incluidos en tratados multilaterales en los que ambos países sean parte.
Cubillas tiene además otras causas en vigor relativas a las acciones que se le imputan desde que se integró en el “comando Oker” de ETA en 1984 junto a Idoia López Riaño, alias “Tigresa”, José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain, entre ellos los asesinatos en 1985 de Ángel Facal Soto -al que ETA consideraba traficante de drogas- y del policía Máximo Antonio García Kleinler.
En Venezuela, la víspera, el fiscal encargado de investigar el caso citó a Cubillas para que declare en calidad de testigo el 2 de noviembre próximo, informó la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
El pasado día 4, el juez de la Audiencia Nacional español Ismael Moreno dictó un auto judicial en el que afirma que Arturo Cubillas impartió cursillos de formación en 2008 a los presuntos miembros de ETA Javier Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti.
Atristain y Besance dijeron al ser detenidos el 29 de septiembre último que Cubillas había sido su instructor en unos cursillos de formación que recibieron en 2008 en Venezuela.
Vía “EFE”
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